Las 10 sombras del acoso escolar

La pasada semana se estrenó en televisión “Proyecto Bullying” el cual tiene la finalidad de concienciar a la sociedad de la realidad sufrida por aquellos menores que día si y día también se enfrentan a sus acosadores en el entorno escolar. A su vez invita a qué, aquellos compañeros que son conscientes de la situación que vive su compañero maltratado, sea “valiente” y denuncie la situación ante el profesorado o cualquier otro adulto.

El acoso escolar o también conocido como “bullying” es aquel tipo de maltrato entre iguales, dirigido a menoscabar y/o degradar física y/o psíquicamente al menor considerado como débil.

Por otro lado, el ciberacoso o “ciberbullying” es un subtipo de la modalidad anterior, que gracias a la introducción, cada vez más temprana, de las nuevas tecnologías en la vida de los menores, permite que éstos lleven a cabo estas conductas dañinas 24/7.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud de fecha marzo de 2016, que analizaba un total de cuarenta y dos países de Europa y América del Norte, España se encontraba en séptima posición del ranking, consolidándose así como uno de los países donde mas ciberacoso sufren los menores, en especial adolescentes de 13 años.

La labor de concienciación para paliar estas conductas debe comenzar en el entorno familiar, ya que no son otros que los padres los que deben advertir a los menores del peligro que puede entrañar el mundo virtual para ellos, ya que tras una ingenua acción por su parte podría esconderse alguien detrás de una pantalla que tenga la intención de menoscabar su integridad.

Netiquetas

A su vez es importante que se instalen en los dispositivos tecnológicos del hogar, controles parentales para limitar o bloquear el acceso a determinadas páginas web o aplicaciones, se conciencie de la importancia de la privacidad y por tanto de la importancia sobre la protección de los datos y se inculquen en el espacio virtual, al igual que en el espacio físico, una serie de normas o reglas de conducta que deben seguirse en los diferentes ámbitos que comporta la red, es decir, correos electrónicos, redes sociales, foros, chats etc.

Estas reglas son conocidas como netiquetas y la falta de aplicación de ellas, al igual que las normas sociales, predispone al acoso escolar tradicional y además puede dar lugar a conductas de ciberacoso. Acciones como dar información a terceros sin su consentimiento, difamar mediante comentarios, incorporar fotos inapropiadas o mentir acerca de un compañero, implica por un lado ausencia de netiquetas y por otro lado presencia de “ciberbullying”.

Toda esta información va encaminada a conseguir un objetivo común, que se construya un espacio virtual seguro y privado donde prime la convivencia y respeto mutuo.

Consecuentemente con ello, debe tenerse presente la importancia que tiene la labor docente en esta materia, ya que se entiende que el centro educativo es el origen del germen de esta conflictividad. Muchos de los padres, cuyos hijos han sido víctimas de acoso escolar y la extrema situación a la que estaban sometidos ha implicado que finalizasen con sus vidas, ponen de manifiesto que el centro escolar no activó el protocolo de actuación, que se contempla para dichos casos, a tiempo.

Según las encuestas realizadas en los últimos años se pueden extraer las siguientes conclusiones:

  1. Las denuncias por acoso escolar tuvieron en el año 2016 una incidencia de un 75 por ciento frente a las interpuestas en el año 2015.
  1. La edad media de los menores que padecen bullying se sitúa en torno a los 12 años, mientras que para el ciberbullying se sitúa en 15 años.
  1. Las menores sufren más situaciones de ciberacoso y acoso que los niños, con unos porcentajes totales de un 19,1 por ciento para las niñas frente a un 12,3% para los niños.
  1. El teléfono móvil es la herramienta básica para llevar a cabo conductas de ciberacoso y la aplicación WhatsApp se consagra como el medio fundamental para ejecutar tales prácticas.
  1. EL 30´6 por ciento de los casos se considera de alta gravedad puesto que las acciones físicas de acoso llevan aparejadas acciones de agresión, situaciones que pueden prolongarse a lo largo de un año.
  1. El 31 por ciento de los menores sufren en silencio frente a un 85% que decide comunicarle la situación a padres o docentes.

Es evidente que los resultados preocupan y que deben adoptarse todos los mecanismos posibles para poner fin a estas conductas.

Protocolo contra el ciberacoso

En este extremo es interesante hacer mención a la instauración, por parte de la Junta de Andalucía, de un protocolo en relación con el ciberacoso. Como se ha mencionado con anterioridad, existen protocolos de actuación que deben poner en marcha los colegios, para denunciar la situación de acoso y poner en funcionamiento una serie de diligencias con el fin de paliar el maltrato y ofrecer ayuda a aquél que está siendo víctima, pero éstos solo hacen referencia al acoso en el espacio físico y no en el espacio virtual.

Pues bien, con esta nueva medida se pretende que el profesorado que tenga sospecha de que algún alumno está siendo por parte de compañeros el objetivo de burlas, insultos y desprecios entre otros, podrá retirarle el dispositivo móvil. Se introduce, por tanto, una nueva vía de supervisión y control, como medida de carácter urgente, puesto que deberá atenderse al caso en concreto.

Asimismo, estas medidas pueden implicar una vulneración de los derechos de (i) secreto de las comunicaciones, (ii) protección de datos y (iii) derecho a la intimidad, que le son reconocidos al menor en el ordenamiento jurídico español. Para ello deberá llevarse a cabo una ponderación exhaustiva entre los citados derechos y las medidas a adoptar, ya que la finalidad de los registros ha de ser educativa y responderá de los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad, provisionalidad y prohibición de exceso, por tanto ésta debe aplicarse con la mínima intensidad y por el tiempo estrictamente necesario, respetando en todo momento los derechos inherentes del menor.

Es importante que se tengan en cuenta los derechos de los menores y junto a estos la adopción de aquellas medidas que sean lo menos agresivas e intromisivas en la esfera íntima del menor.

La indicada medida deberá adoptarse como último recurso y para ello será necesario, como requisito esencial, que la conducta llevada a cabo pueda suponer un riesgo directo de autolesión o de lesiones a terceros.

Para la retirada del dispositivo será necesario contar con la previa autorización de los progenitores o tutores legales a los cuales se les informará del procedimiento de inspección a seguir y las finalidades para las cuales se recaba su consentimiento.

Para el supuesto de que no se cuente con autorización necesaria pero existan sospechas de que están teniendo lugar conductas gravosas, se establece que ni los profesores ni el personal docente podrán acceder al contenido del dispositivo, simplemente deberán “ocuparlo” y ponerlo a disposición, ya bien de los padres o tutores e incluso de los propios menores.

Autorización para usar teléfonos móviles

Muchos centros escolares llevan a cabo planes mediante los cuales se configuran normas de convivencia que permiten integrar los dispositivos móviles para aquellas actividades propias del centro y con carácter educativo, debiendo estar el uso autorizado por el docente así como éste quedará bajo su supervisión, la utilización del dispositivo y para ello debe contarse con la debida autorización y por tanto con consentimiento de los padres o tutores. Se estipulan a su vez sanciones para las posibles infracciones que se puedan producir.

A su vez, comunidades autónomas como por ejemplo Castilla-La Mancha, la región de Murcia o Cataluña a través de leyes, decretos, o documentos establecen que “el uso sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u otras dependencias del centro” podrán constituir una falta leve.

Por tanto, debe tenerse en cuenta y debe considerarse como un posible modelo, el de protocolo brevemente descrito e instaurado por la Junta de Andalucía, puesto que va encaminado a reducir las conductas lesivas entre menores y al mismo tiempo otorga la facultad al centro escolar de actuar como autoridad de control y supervisión, siendo por tanto pionero en el ámbito educativo y haciendo un análisis a largo plazo, podría implicar que las conductas lesivas entre menores empiecen a reducirse debido a la potestad concedida al cuerpo docente.

Toda la comunidad educativa así como el entorno familiar de los menores, deben poner en marcha todas aquellas actividades encaminadas a reducir los casos de acoso escolar y ciberbullying y denunciar estas actitudes y acciones degradantes.

Según Europa Press, el número de teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (900 018 018), el cual fue puesto en marcha a principios de noviembre de 2016 ha recibido, según los datos en fecha 31 de diciembre del pasado año, un total de 5.552 llamadas, de las cuales se han identificado un total de 1.955 posibles casos de “bullying”.

Las diez sombras del acoso escolar hace alusión a los 10 motivos extraídos de un informe elaborado por Save the Children el cual indica que entre otros, los motivos frecuentes por los que emprenden tales conductas son los siguientes:

  1. Para gastarle una broma.
  2. Para molestarle
  3. Para vengarse.
  4. Porque le tienen manía.
  5. Porque les provocó.
  6. Por sus características físicas.
  7. Por cultura, raza o religión.
  8. Por su orientación sexual.
  9. Por los gustos extraescolares.
  10. No lo saben.

Debe infundirse, tanto en los hogares como en los centros educativos, todas estas normas mencionadas y relativas a una educación sana y ejemplar en Internet, promoviendo valores y conductas encaminadas a hacer de la red un entorno seguro y que aquellos que se creen “valientes” por llevar a cabo acciones que pretenden dañar a los demás, no dejan más que constancia de la necesidad de sentirse superiores física y/o intelectualmente, convirtiéndose en este caso en cobardes, ya que utilizan el medio más atroz, como es la violencia, para hacer eco de su poder.

Valiente es aquel menor que acude todos los días al colegio sabiendo que será objeto de burlas e infamias.

Valiente es aquel compañero conocedor de lo que le ocurre a otro y lo pone en conocimiento de un adulto, a pesar de las posibles repercusiones que este hecho pueda tener sobre él.

Valiente es aquel que intenta proteger a su amigo o compañero cuando éste se encuentra en medio y medio de una pelea.

Por tanto, se hace necesario recordar: “que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no merezca la pena”.

Fuente: www.confilegal.com

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38 años de prisión por quemar viva con gasolina a su expareja en de Santa Cruz de La Palma (Tenerife)

La Audiencia Provincial de Tenerife ha condenado a un hombre a 38 años de prisión por quemar viva a su expareja sentimental, de 27 años, hasta causarle la muerte. El Tribunal del Jurado declaró culpable al acusado, que el 10 de julio de 2015 se dirigió a la tienda donde trabajaba su exmujer, en la localidad de Santa Cruz de La Palma, y con la intención de acabar con su vida, la roció con gasolina y prendió fuego, causándole quemaduras en el 95% de su cuerpo y provocándole la muerte.

El tribunal le impone 25 años de prisión por delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y por razón de género. Asimismo, le impone 12 años de prisión por delito de incendio con riesgo para la vida o integridad de las personas. En total, 38 años. Además, deberá pagar 300.000 euros en concepto de indemnizaciones a los padres de la víctima.

Fuente: www.poderjudicial.es

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Ojo con disfrazarse de policía o guardia civil en Carnaval y pasar por tal; podría haber cárcel

Cuidado con disfrazarse de policía nacional, municipal o guardia civil en Carnaval. Pero sobre todo de tratar de pasar por tales, engañando al personal, aunque sea de broma.

De acuerdo con nuestro Código Penal nos exponemos a una pena de prisión de uno a tres años si ejercemos “actos propios de una autoridad o funcionario público” y nos atribuimos carácter oficial.

Es un aviso para navegantes de Legalitas.

Es decir que, si nos disfrazamos de policía municipal y se nos ocurre ponernos a dirigir el tráfico, o nos acercamos a un ciudadano y le pedimos que se identifique y que nos muestre su documentación, y lo hacemos de forma que con nuestra indumentaria y actitud le hacemos creer que estamos actuando en el ejercicio de nuestras funciones como policía, estaríamos cometiendo un delito de usurpación de funciones.

Lo mismo ocurrirá si vamos a un centro de salud con nuestro disfraz de médico, nos metemos en una consulta y nos ponemos a atender pacientes a los que hacemos creer que somos un facultativo; o si disfrazados de conductor de autobús público nos subimos a uno y nos sentamos al volante; o si evacuamos un edificio disfrazados de bomberos….

Es legítimo disfrazarse de policía nacional, municipal, de guardia civil o de bombero. Pero el disfraz no puede ser una réplica exacta, el uniforme real, ya que sólo por el hecho de utilizar públicamente un uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial, el que lo haga puede enfrentarse a una multa.

¿Y qué pasa con las armas de fuego?

Según el Reglamento de Armas, consultado por Legálitas, está prohibido llevar en sitios públicos imitaciones de armas de fuego que por sus características externas puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no puedan ser transformadas en armas de fuego.

Si nuestro disfraz incluye un arma de fuego simulada, nos la pueden requisar además de ponernos una multa.

¿Y si nos disfrazamos de atracadores y fingimos un atraco en un establecimiento?

Por mucho que sea Carnaval y nos encante nuestro disfraz de atracador de bancos no podemos actuar como tal.

Simular en un sitio público una situación de peligro para la comunidad supondrá la comisión de un delito recogido en el artículo 561 del Código Penal y puede suponer una pena de hasta un año de prisión, y una multa, si, como consecuencia de esta situación, se produce una asistencia o salvamento como por ejemplo que acuda la Policía o el Samur.

Si el disfraz de atracador se usa para asustar, no a la comunidad, pero sí a una persona a la que se le hace temer por su integridad física, también el que lo haga puede ser imputado por un delito de amenazas que podría acarrear penas de prisión si la amenaza se considera grave.

Fuente: www.confilegal.com

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El Supremo adapta su jurisprudencia a la sentencia del TJUE sobre la retroactividad de las cláusulas suelo

El Pleno ha resuelto un recurso de casación del BBVA aplicando la jurisprudencia de la Sala Primera del Supremo sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016.

La resolución del TJUE determinó que la limitación temporal impuesta por el TS en su sentencia de 9 de mayo de 2013, que aunque declaraba la nulidad de estas cláusulas, solo establecía la retroactividad desde la fecha de la sentencia, era incompatible con el Derecho europeo. Por ello, exponía que el carácter abusivo de una cláusula debía ser restablecimiento desde la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

Desde la pasada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han sido muchos los afectados por las cláusulas suelo los que han iniciado los trámites para poder obtener la devolución de éstas. Recientemente, Lefebvre – El Derecho ha publicado la obra “Claves Prácticas: Claúsulas suelo y otras cláusulas hipotecarias abusivas: soluciones judiciales y extrajudiciales”, que recoge la sentencia del TJUE, y en la que se analiza y explican las distintas opciones procedimentales que tiene el cliente para reclamar, tanto en vía judicial, como a través de los mecanismos alternativos.

A consecuencia de este hecho, el Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad total.

Asimismo, el Supremo ha rechazado que concurra el asunto juzgado propuesto por el BBVA: primero, conforme a la jurisprudencia de la propia Sala Primera, del TC y del TJUE, por tratarse en este caso de una acción individual y no colectiva; segundo, porque la cláusula enjuiciada era diferente de las examinadas por la STS de 9 de mayo de 2013; y tercero, porque la entidad de crédito contratante no fue en este caso el propio BBVA, sino la por entonces Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu, según ha informado el TS.

Sentencia desestimada por existir transparencia

Durante el Pleno que tuvo lugar este miércoles, el Tribunal Supremo ha expuesto dos interpretaciones distintas, la primera relativa a la mencionada sentencia de la AP de Barcelona, y otra de la Caja Rural de Teruel, cuyo recurso de casación ha desestimado, concluyendo que la cláusula suelo cuestionada en este caso cumplía los requisitos de transparencia establecidos en la sentencia de 9 de mayo de 2013.

De esta manera, el TS da dos interpretaciones sobre lo importante o determinante para que se devuelvan las cláusulas suelo, y todo depende de si el banco o caja informó de una manera transparente sobre la existencia de la cláusula suelo y como aplicarla.

Fuente: www.elderecho.com

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Una mujer que se cayó en un supermercado será indemnizada con 11.395 euros

La Sección V de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado una sentencia por la que se condenaba al supermercado Sucesores de Fernando Calavia S. A. y su aseguradora, Mapfre, a indemnizar con 11.395,84 euros a una mujer que se cayó en la tienda. El tribunal ha desestimado el recurso que las condenadas habían presentado contra la sentencia dictada el 10 de octubre de 2.016 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tarazona.

El siniestro se produjo el 6 de agosto de 2014 cuando una mujer, que iba acompañada de su hermana y su cuñada, tropezó con unas cajas de productos congelados que se encontraban en el suelo del pasillo de un supermercado.

Los magistrados han señalado que a tenor de los hechos probados “con facilidad se revela la omisión del personal del establecimiento por no dejar expedito el paso en un lugar de tránsito recurrente como es el pasillo de un supermercado por el que deambulan los clientes”. Esta falta de diligencia, a la que hace referencia el tribunal, ha quedado acreditada por la declaración del empleado del supermercado quien reconoció que “las cajas estaban desatendidas en el momento del tropiezo aludiendo a la falta de personal suficiente para resolver este tipo de eventualidades”.

Fuente: www.poderjudicial.es

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Los canales de denuncia interna (whistleblowing) en el ámbito laboral

Los canales de denuncia interna (whistleblowing) ya no son una opción en nuestras empresas, sino una obligación normativa de carácter imperativo.

Si bien los mecanismos de whistleblowing tienen su origen en el derecho anglosajón (Lloyd-La Follette Act de 1912, Whistleblower Protection Act de 1989, en el ámbito de la administración pública norteamericana; o más recientemente la Sarbanes-Oxley Act, de 2002 con respecto a las empresas estadounidenses cotizadas y sus filiales en Europa), en nuestro país esta obligación fue introducida en un primer momento por el artículo 48 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley de Igualdad), obligando a las empresas a arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo y proporcionar un adecuado cauce “a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”.

Posteriormente y ya con la reforma del artículo 31 bis del Código Penal (LO 1/2015) en el ámbito de la prevención de delitos en la empresa, se instaura la “obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de prevención”, pasando los canales de denuncia interna a convertirse, además de en una obligación normativa, en un pilar fundamental de los programas de compliance en las empresas.

Por su parte, en el ámbito internacional estándares como la Norma ISO 19600, o más específicamente la Norma norteamericana SA 8000, en el ámbito del compliance laboral y de la responsabilidad social corporativa, regulan los canales internos de quejas o denuncias por incumplimientos legales y faltas de conformidad de la normativa interna de la empresa como uno de los ejes principales en los sistemas de gestión de compliance (SGC).

No obstante, a pesar de esta incipiente regulación, o con ocasión de ella, surgen algunos interrogantes, ¿será suficiente con el establecimiento del canal de denuncias? o ¿será necesario adicionalmente asegurar su eficacia a través de la implementación de determinadas garantías?

En este sentido, me parecía apropiado tratar en esta nueva columna de Labour Compliance los requisitos mínimos que deben cumplir estos mecanismos de denuncia interna para considerarlos válidos y eficaces, abordando la cuestión de una forma integral en atención a las distintas normativas nacionales e internacionales (penal, laboral, protección de datos, etc.) que normalizan estos sistemas.

En una primera aproximación conceptual, diremos que los canales de denuncias internas, mecanismos o líneas de whistleblowing, se configuran como sistemas corporativos internos a través de los cuales se canalizan las denuncias o quejas de empleados sobre comportamientos, acciones o hechos cometidos por otros empleados de la compañía que puedan constituir infracciones de las leyes, de la normativa interna de la compañía o de los códigos éticos que rigen su actividad diaria.

Para que estos canales cumplan con la normativa aplicable, y es más, para que sean eficaces y contribuyan a su verdadera finalidad, que no es otra que la de prevenir incumplimientos normativos y corregir aquéllos que se hayan detectado, consolidando una confiabilidad en los empleados en el sistema, en mi opinión debe de garantizarse el cumplimiento de, al menos, cinco elementos esenciales:

1º.- Negociación con los representantes legales de los trabajadores

El artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) contempla el derecho de los representantes legales de los trabajadores (delegado de personal o comité de empresa) a ser informado y consultado sobre la adopción de eventuales medidas preventivas adoptadas por la empresa, así como a emitir un informe con carácter previo a la implantación y revisión de sistemas de control del trabajo.

Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Igualdad impone a las empresas, en relación con la obligación de articular canales de denuncias internas para la prevención del acoso sexual o por razón de sexo, la obligación de negociar con los representantes legales de los trabajadores las medidas que pueda adoptar la empresa con esta finalidad, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

De una interpretación conjunta de ambos preceptos podemos llegar a la conclusión, y recomendar, que tanto los canales de denuncia con finalidad de control o prevención de incumplimientos laborales, especialmente el acoso sexual, así como cualquier otra medida asociada a dicha prevención, deberán ser negociadas con los representantes de los trabajadores, configurados como uno de los stakeholders con mayor relevancia dentro de las empresas.

2º.- Información y formación previa a los empleados

La empresa deberá informar y formar a todos los empleados sobre la existencia y finalidad del canal de denuncias internas, sobre su funcionamiento (forma de presentar la denuncia, plazos de resolución, órganos de investigación y resolución de las denuncias, accesible para todo el personal, etc.), la garantía de confidencialidad de los datos del denunciante, así como la garantía de información al empleado denunciado sobre la existencia de la denuncia o queja que se haya podido interponer contra él, todo ello con la adecuación correspondiente de la normativa en materia de protección de datos personales.

Un documento idóneo para incluir la información previa puede ser el código ético, acompañado de un protocolo informativo incluyendo las fases o etapas del funcionamiento del mecanismo implementado en la compañía.

La información y formación a los empleados no sólo será necesaria con carácter previo a la implantación, sino también posteriormente de forma continuada con comunicaciones periódicas de compliance y recordatorios sobre la finalidad y accesibilidad al sistema de denuncias internas.

3º.- Objetividad y transparencia

La confiabilidad del sistema parte necesariamente de la base de su objetividad y transparencia en la investigación y resolución de las denuncias. Por ello es recomendable que se separe orgánicamente la o las personas encargadas de la investigación (instructor del procedimiento) de las personas encargadas de la resolución de la denuncia.

También es viable, y en determinadas ocasiones incluso hasta recomendable, en función de las dimensiones y organización de la propia compañía, la externalización del servicio de whistleblowing, con lo que se dotaría al sistema de una mayor imparcialidad.

4º.- Garantía de indemnidad y protección al denunciante

Para garantizar la eficacia y validez normativa en términos de compliance, del procedimiento de denuncias internas deberá configurarse también como una obligación de los empleados la de “informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención” (art. 31 bis CP).

En este sentido, la Circular de la Fiscalía 1/2016, aclara que para que esta obligación pueda ser exigida a los empleados será imprescindible que la empresa implemente adicionalmente una “regulación protectora específica del denunciante (whistleblower)”, no sólo asegurando la confidencialidad al denunciante mediante sistemas adecuados de comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.), sino también la garantía de no sufrir represalias con motivo de la presentación de la denuncia, preservando lo que en derecho laboral se denomina “derecho a la indemnidad”, cuya aplicación determina la nulidad de cualquier sanción de la empresa con motivo de una denuncia previa del empleado.

En lo que respecta a la identidad del denunciante, la AEPD recomienda en su Informe Jurídico 128/2007 que si bien se garantice el tratamiento confidencial de los datos obtenidos de las denuncias presentadas a través de los sistemas de whistleblowing, “se evite la existencia de denuncias anónimas, garantizándose así la exactitud e integridad de la información contenida en dichos sistemas”.

5º.- Evaluación periódica del funcionamiento del sistema

Sin duda uno de los elementos clave en la eficacia de estos mecanismos es la evaluación y seguimiento del funcionamiento del propio sistema interno de denuncias, detectando posibles deficiencias relacionadas con la percepción de los propios empleados del canal de denuncias, la no correlación de los resultados o informes resultantes de las investigaciones con las necesidades de la compañía en materia de compliance o bien como consecuencia brechas de seguridad o fugas de información debido a errores en el diseño del propio y/o atribución de responsabilidades y competencias insuficientes para la investigación y resolución de denuncias de una forma eficaz.

Esta evaluación se realizará a través de la aplicación de check-list bien definidos, la cual puede estar acompañada de una auditoria externa que valide todo el proceso.

6º.- Régimen disciplinario ante incumplimientos

Por último, la eficacia del sistema dependerá de la existencia de un régimen disciplinario adecuado que sancione no sólo las infracciones detectadas por el propio canal interno de denuncias, sino también y especialmente el incumplimiento de la obligación de informar a través de dicho sistema, o no hacerlo de la manera prescrita, conductas o comportamientos infractores dentro de la compañía.

Estas conductas susceptibles de acciones correctoras y en su caso, sanción disciplinaria, pueden regularse internamente en un código ético o de conducta en el que se establezcan claramente tales obligaciones.

Como hemos visto, y a modo de conclusión, no será suficiente con la implantación simplemente del mecanismo en cuestión que permita al personal presentar denuncias internas, sino que adicionalmente se deberán prestar atención a una serie de elementos y garantías, tanto para el denunciante como para el denunciado, esenciales para la viabilidad y eficacia del propio sistema corporativo.

Fuente: www.elderecho.com

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La Audiencia Provincial de Zaragoza condena a un hombre a 3 años de cárcel y lo expulsa del país por vender droga

La Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a un hombre a tres años de prisión y ha acordado su expulsión de España, con prohibición de regresar durante el plazo de 6 años, por transportar en su maleta 58,99 gramos de cocaína para su venta a terceros. El tribunal le ha considerado autor de un delito contra la salud pública.

El 17 de agosto de 2016, el acusado Gimpaolo C. fue sorprendido en la estación de autobuses de Zaragoza con seis paquetes que contenían 58,99 grs. de cocaína que estaban destinados para la venta a terceros y que el acusado portaba en una funda de gafas en el interior de su maleta. Los agentes de la policía ocuparon también al acusado dos teléfonos móviles y una tarjeta SIM que empleaba con sus contactos. La droga intervenida tiene un valor en el mercado ilegal de 3.400 euros.

El acusado ha consignado en el Juzgado la cantidad de 3.400 euros a disposición del Juzgado en concepto de pago de la multa que el tribunal le ha impuesto.

Fuente: www.poderjudicial.es

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