El juez condena a un hombre a 4 meses de prisión por amenazar a su expareja a través de cien mensajes de WhatsApp

El juez de Instrucción número 3 de Teruel, competente en los asuntos de Violencia sobre la Mujer, ha condenado por sentencia firme a cuatro meses de prisión a un hombre como autor de un delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas leves. El magistrado le prohíbe también aproximarse a menos de 500 metros a su ex pareja y comunicarse con ella por cualquier medio durante el plazo de dos años y le priva del derecho a tener armas por un periodo de ocho meses y dos días.

El juez instructor considera probado que, entre los días 4 y 8 de mayo de 2017, el acusado Juan Miguel D. P. le envió a su ex pareja unos cien mensajes de WhatsApp con expresiones intimidatorias, amenazándola con cortarle el cuello o matarla si la veía por la calle con otro hombre, y hacerle la vida imposible.

Después de dictarse in voce la sentencia de conformidad, el condenado solicitó la suspensión de la pena de prisión, petición que le ha sido denegada por el juez a tenor de “la extensa y prolija lista de antecedentes penales del acusado”. Entre sus causas, no canceladas, se encuentran dos delitos de agresión sexual, otro de violencia de género y doméstica, así como un quebrantamiento de condena y una detención ilegal, entre otros.

Entiende el magistrado en su auto que existe notable riesgo de reincidencia, teniendo en cuenta que los hechos se han producido “hallándose Juan Miguel D. P. en situación de libertad condicional (después de haber estado doce años en prisión y pendiente todavía de cumplir seis más por un delito de agresión sexual)”. Por esta razón, considera el juez que el acusado no es merecedor del beneficio de suspensión de la pena de cárcel. Las partes han manifestado su decisión de no recurrir la sentencia por lo que se ha declarado firme.

Fuente: www.poderjudicial.es

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El Tribunal Supremo establece que el delito de ‘stalking’ requiere continuidad en el tiempo y alterar los hábitos de la víctima

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre el nuevo delito de ‘stalking’ u hostigamiento, introducido en el Código Penal por reforma del año 2015, que castiga con penas de 3 meses a 2 años de cárcel (o multa de 6 a 24 meses), a quien acose a una persona de forma insistente y reiterada, alterando gravemente su vida cotidiana. En esta primera aproximación al nuevo tipo penal, el Supremo establece que la conducta para ser delito debe tener vocación de prolongarse el tiempo suficiente para provocar la alteración de la vida cotidiana de la víctima, como dice el tipo penal. No bastan por ello unos episodios, más o menos intensos o más o menos numerosos pero concentrados en pocos días y sin nítidos visos de continuidad, que además no comporten repercusiones en los hábitos de la víctima.

La Sala II ha desestimado el recurso de una mujer que quería que se aplicase a su expareja sentimental el artículo 172.ter.2, que castiga el nuevo delito de hostigamiento. La sentencia de la Audiencia de Madrid recurrida condenó al hombre pero no por dicho delito sino por el de coacciones en el ámbito familiar, a una pena de 16 días de trabajos en beneficio de la comunidad y prohibición de aproximarse a la mujer durante 6 meses.

Los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 33 de Madrid (ratificados por la Audiencia) describían cuatro actos de hostigamiento en el plazo total de una semana: el primero, en la tarde del 22 de mayo de 2016, consistió en llamadas telefónicas no contestadas que se suceden hasta la 1.30 de la madrugada, con envío de mensajes de voz y fotos del antebrazo del acusado sangrando con advertencia de su propósito de suicidarse si no era atendido, en actitud inequívocamente acosadora y de agobiante presión.

Segundo, un intento de entrar en el domicilio de la víctima también de forma intimidatoria y llamando insistentemente a los distintos telefonillos de la finca en las horas inmediatamente siguientes (23 de mayo). Es otro acto de acoso, que solo cesó cuando apareció la policía. En tercer lugar, una semana más tarde el acusado volvió al domicilio de la recurrente profiriendo gritos, reclamando la devolución de objetos de su propiedad (30 de mayo). Y por fin, al día siguiente -31 de mayo- se acercó a la mujer en el centro de educación al que ambos acudían y donde coincidían, exigiéndole la devolución de una pulsera.

El Supremo rechaza que los hechos encajen en el delito de ‘stalking’, y creen que se ha aplicado correctamente por el Juzgado y la Audiencia el delito de coacciones en el ámbito familiar. Indica que el nuevo delito de hostigamiento exige implícitamente una cierta prolongación en el tiempo; o, al menos, que quede patente, que sea apreciable, esa voluntad de perseverar en esas acciones intrusivas, que no se perciban como algo puramente episódico o coyuntural, pues en ese caso no serían idóneas para alterar las costumbres cotidianas de la víctima.

En la secuencia de conductas del caso examinado no se aprecia la idoneidad para obligar a la víctima a modificar su forma de vida acorralada por un acoso sistemático sin visos de cesar. El reproche penal se agota en la aplicación del tipo de coacciones: la proximidad temporal entre los dos grupos de episodios; la calma durante el periodo intermedio; así como la diversidad tipológica y de circunstancias de las conductas acosadoras impiden estimar producido el resultado que reclama el tipo penal: alteración grave de la vida cotidiana (que podría cristalizar, por ejemplo, en la necesidad de cambiar de teléfono, o modificar rutas, rutinas o lugares de ocio…).

“No hay datos en el supuesto presente para entender presente la voluntad de imponer un patrón de conducta sistemático de acoso con vocación de cierta perpetuación temporal. El tipo no exige planificación pero sí una metódica secuencia de acciones que obligan a la víctima, como única vía de escapatoria, a variar, sus hábitos cotidianos”, agrega.

La Sala recuerda que, en los intentos de conceptualizar el fenómeno del stalking desde perspectivas extrajurídicas –sociológica, psicológica o psiquiátrica- se manejan habitualmente, con unos u otros matices, una serie de notas: persecución repetitiva e intrusiva; obsesión, al menos aparente; aptitud para generar temor o desasosiego o condicionar la vida de la víctima; oposición de ésta….Es muy frecuente en esos ámbitos exigir también un cierto lapso temporal. Algunos especialistas han fijado como guía orientativa, un periodo no inferior a un mes (además de, al menos, diez intrusiones). Otros llegan a hablar de seis meses.

Para el Supremo, esos acercamientos metajurídicos a la cuestión “no condicionan la interpretación de la concreta formulación típica que elija el legislador. Se trata de estudios desarrollados en otros ámbitos de conocimiento dirigidos a favorecer el análisis científico y sociológico del fenómeno y su comprensión clínica. Pero tampoco son orientaciones totalmente descartables: ayudan en la tarea de esclarecer la conducta que el legislador quiere reprimir penalmente y desentrañar lo que exige el tipo penal, de forma explícita o implícita”.

En ese sentido, reitera que “no es sensato ni pertinente establecer un mínimo número de actos intrusivos como se ensaya en algunas definiciones, ni fijar un mínimo lapso temporal. Pero sí podemos destacar que el dato de una vocación de cierta perdurabilidad es exigencia del delito descrito en el art. 172 ter CP, pues solo desde ahí se puede dar el salto a esa incidencia en la vida cotidiana. No se aprecia en el supuesto analizado esa relevancia temporal -no hay visos nítidos de continuidad-, ni se describe en el hecho probado una concreta repercusión en los hábitos de vida de la recurrente como exige el tipo penal”.

Fuente: www.poderjudicial.es

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El Tribunal Supremo establece que el trabajo en precario en negocios familiares da lugar a compensación económica en caso de divorcio

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una resolución de Audiencia Provincial de Albacete que en el proceso de divorcio de un matrimonio sujeto al régimen de separación de bienes reconoció a favor de la esposa una indemnización de 27.000 euros en concepto de compensación por su «trabajo para la casa».

El esposo recurrió alegando que se infringía la jurisprudencia de la Sala al haber concedido la indemnización contemplada en el artículo 1.438 del Código Civil cuando la esposa no ha contribuido «solo» con el trabajo para la casa sino que, además, trabajaba fuera de ella, lo que resultaría incompatible con el derecho a obtener compensación económica.

La Sala Primera ha mantenido una reiterada doctrina jurisprudencial en la que ha venido exigiendo, para el reconocimiento de dicha compensación económica, que la dedicación del cónyuge al trabajo doméstico fuera “exclusiva”, esto es, solo con el trabajo realizado para la casa, lo que impedía el reconocimiento del citado derecho en aquellos supuestos en que el cónyuge que la reclama hubiera compatibilizado el cuidado de la casa y de la familia con la realización de un trabajo fuera del hogar, a tiempo parcial o en jornada completa. Doctrina que, precisamente, ha sido matizada en fechas recientes en la STS nº 136/2017, de 28 de febrero, en la que se atendió para denegar esta compensación económica a que el trabajo realizado lo era «por cuenta ajena».

La sentencia del Pleno considera que la regla de compensación del artículo 1.438 del Código Civil, dirigida a mitigar la desconsideración de que es objeto en el régimen de separación de bienes el cónyuge que se dedica de forma exclusiva al trabajo para la casa, pudo responder en su origen al presupuesto de quien solo se había dedicado al hogar y no había realizado ninguna actividad remunerada.

La Sala considera, no obstante, que en la realidad social actual parece oportuno atender a la situación frecuente de quien ha trabajado con mayor intensidad para la casa pero, al mismo tiempo, ha compaginado su actividad colaborando con la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge, aun cuando medie remuneración, sobre todo si esa colaboración se compatibiliza y organiza en atención de las necesidades y organización doméstica y familiar.

En el caso examinado, la esposa trabajó en casa y, además, en el negocio familiar regentado por su esposo y propiedad de su suegra con un salario moderado y contratada como autónoma, lo que le privaba de indemnización por despido.

Por todo ello, la sala declara que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias, como es el caso, puede considerarse como trabajo para la casa a los efectos del reconocimiento de la compensación económica del art. 1438 CC, mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa» contenida en el precepto, dado que con dicho trabajo se atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar.

Fuente: www.poderjudicial.es

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ABANDONO, VAGANCIA Y FALTA DE APROVECHAMIENTO

Esta es la argumentación en que la Audiencia Provincial de Cantabria se ha basado para desestimar la pretensión de una joven de 23 años de edad que reclamó judicialmente a sus padres una pensión de alimentos.

Más información: aquí.

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Aumentan los accidentes mortales “in itinere”

Los datos se refieren tanto a los accidentes “in itinere” en general como a los accidentes mortales cuando el trabajador se encuentra en el trayecto hacia o desde el centro de trabajo. A este respecto,los accidentes mortales ‘in itinere’ crecieron un 15% durante el año pasado, mientras que los accidentes laborales que provocaron el fallecimiento del trabajador por distintas causas estuvieron por debajo del 7,5%.

Se pone así de manifiesto que el incremento derivado de los accidentes de tráfico fue de casi el 8,5% durante el año pasado, cifra que estuvo en un nivel muy elevado de los choques contra objetos inmóviles, que engloban las caídas y los tropiezos, de los sobreesfuerzos físicos o de los choques contra objetos en movimiento.

En 2016, el 62% de todos los accidentes registrados en el transcurso del trabajo al hogar y viceversa se produjeron por accidentes de tráfico, mientras que en el año anterior la cifra estaba en el 60,6%.

Por comunidades autónomas, únicamente Baleares y La Rioja, junto a Ceuta y Melilla, no registraron ningún accidente mortal ‘in itinere’, mientras que la mayor accidentalidad se concentró en Cataluña, Madrid y Andalucía.

Nuevo reto para la prevención de riesgos laborales

Con motivo del ‘Día Mundial de la Seguridad y salud en el trabajo y partiendo de estos datos, será necesario reseñar la necesidad que tienen las empresas para plantearse la elaboración de sus propios planes de movilidad determinando y solventado sus riesgos.

Para elaborar un plan de movilidad, las empresas deberán recopilar información sobre la movilidad de los trabajadores, elaborar estadísticas e investigación de los accidentes y evaluar los riesgos a los que se pueden enfrentar los trabajadores en los desplazamientos e incorporar el plan en la planificación preventiva.

También sería conveniente que las empresas formen a los trabajadores en esta materia, que adopten medidas de prevención para los riesgos relacionados con los desplazamientos y que realicen una evaluación continua del plan de movilidad y seguridad vial.

Fuente: www.elderecho.com

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650.000 conductores fueron condenados por delitos contra la seguridad vial entre 2008 y 2015

Aquella noche del fatídico 29 de septiembre del 2003 supuso un antes y un después en cuanto a la seguridad vial en una calle sevillana. Con el semáforo en rojo, un potente BMW abandona su carril e invade el sentido contrario para sortear a los vehículos que, pacientemente, esperan a la luz verde. Algunos le increpan, pero el conductor, un joven y famoso bailaor de flamenco, no se inmuta y acelera hasta los 90 Km/h en una zona limitada a 40 Km/h.

En aquel mismo momento, Benjamín Olalla, un mecánico sevillano de 35 años, cruzaba correctamente por el paso de peatones, ajeno a lo que sucedía alrededor. El impacto fue brutal. El cuerpo de Benjamín se elevó a 4 metros de altura, estrellándose a continuación contra el asfalto. El coche, lejos de detenerse, aceleró, perdiéndose a gran velocidad en las calles de la capital andaluza. El resto es de sobra conocido. Es el relato del caso Farruquito, un homicidio que supuso un antes y un después en la represión y el control de la delincuencia vial.

La condena, que apenas le supuso al bailaor 14 meses reales de prisión, causó una fuerte alarma social que acabó provocando un gran cambio legislativo en materia de seguridad vial. 14 años después de este suceso, los delitos contra la seguridad en el tráfico se han convertido en los más habituales en los juzgados españoles, ya que suponen el 35% del total de delitos que se cometen en España

De hecho, las cifras impresionan: desde 2008 se han celebrado casi 900.000 juicios sobre seguridad vial, de los cuales 650.000 han terminado en condena. En este sentido, la proporción de sentencias condenatorias también ha experimentado una gran evolución en los últimos años, pasando del 66% registrado en 2008 al 85% en 2015.

Éstas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Delitos y criminalidad vial en España. Evolución de la delincuencia contra la seguridad vial (2012-2015)”, presentado hace unos días por la Fundación Línea Directa y realizado en colaboración con FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial).

El informe, que fue presentado por Francisco Valencia, presidente de dicha fundación, analiza en profundidad más de 580.000 juicios por delitos contra la seguridad vial y alrededor de 450.000 condenas impuestas entre los años 2012 y 2015, se completa con una encuesta realizada a 1.700 conductores de toda la geografía nacional que recoge la percepción de los españoles sobre estos tipos penales.

Muchos conductores  no saben que pueden ir a la cárcel por atentar contra la seguridad vial

Pese a la gravedad de los datos, los españoles aún no se han concienciado lo suficiente, ya que más de 4,5 millones de conductores reconocen haber realizado alguna vez conductas delictivas al volante, tales como conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, ir a más de 200 Km/h por una autopista o circular sin permiso, entre otras.

Probablemente, porque tampoco parecen conocer su existencia, ya que más de 9 millones de conductores ignoran que pueden ir a la cárcel por una cuestión relacionada con la seguridad vial y casi 11 millones no saben que conducir bajo la influencia de las drogas puede provocar el ingreso en prisión.

Pero más allá del desconocimiento, estas conductas conllevan un problema mucho más grave en la sociedad, ya que tienen una influencia directa en las cifras de siniestralidad. De hecho, se puede estimar que el 14% del total de los fallecidos en accidente de tráfico murió por conductas delictivas de otro conductor, lo que supone que se estima en más de 2.400 las personas que han perdido la vida por estas prácticas en los últimos 8 años

Tipología de condenas y perfil del delincuente vial

El presidente de la Fundación Línea Directa indicó en su exposición cuál es la radiografía de los delitos viales más habituales en nuestro país. En este sentido, pese a las campañas de concienciación y el esfuerzo de las Administraciones, la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas supone más del 60% del total de los casos.

Les siguen tipos penales tan diferentes como conducir sin carné (27%), provocar un grave riesgo para la conducción (7%) o negarse a realizar las pruebas de alcoholemia o de drogas (3,5%). En cuanto a los ingresos efectivos en prisión, la población reclusa por estos delitos ronda en la actualidad las 1.200 personas, siendo la conducción sin carné (39%) y el homicidio imprudente (22%) los casos más habituales.

También conocimos el perfil del delincuente vial.  Mientras que los hombres de entre 18 y 24 años son los que más reconocen haber realizado estas prácticas, los hombres de entre 41 y 50 años, suelen ser los más condenados.

Además, los potenciales delitos por exceso de velocidad, parecen ser mucho más frecuentes de lo que indican las condenas, ya que aunque 1,2 millones de automovilistas reconocen haber conducido alguna vez a más de 200 kilómetros por hora, las sentencias por este comportamiento apenas suponen el 0,6% del total de los casos.

Francisco Valencia: “Pese a las campañas de concienciación y el esfuerzo de las Administraciones, la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas supone más del 60% del total de los casos”-

Distribución territorial de los condenados por delitos viales

Desde la citada fundación se ha realizado un mapa de delitos viales en el que compara la media nacional de conductores condenados con la de cada Comunidad. Para ello, se han enfrentado las sentencias condenatorias de cada región a su censo de automovilistas, obteniendo así indicadores comparables.

En España, el 1,36% de los conductores ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial en los últimos 4 años. En este sentido, Baleares, Murcia y Galicia, son las regiones que superan con mayor holgura la media española. En el lado contrario se encuentran Cantabria, Extremadura y Aragón, con índices muy inferiores a la media española.

Por tipo de delito, Cataluña resulta ser la Comunidad con mayor proporción de condenas por exceso de velocidad y por negativas a realizar pruebas de alcoholemia o de detección de drogas. Por su parte, Baleares lidera el ránking en delitos por conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas y Murcia, el de conducción sin carné.

¿Qué opinan los españoles sobre este tipo de delitos?

En el citado informe también se hace una encuesta a muchos conductores sobre cómo frenar esta ola de delitos contra la seguridad vial. Sorprendentemente, pese a su alto grado de desconocimiento, la inmensa mayoría de los españoles (91%) está a favor de mantener las penas de cárcel en los delitos contra la seguridad vial e incluso un 14% apuesta por endurecerlas aún más.

Además, muchos ciudadanos reclaman tipificar más conductas como delitos contra la seguridad en el tráfico: el 60% cree que llevar a los niños en el coche sin Sistema de Retención Infantil debería ser delito, el 44% de los conductores incluiría en el Código Penal manipular el móvil mientras se conduce y un 34%, dar cualquier tasa positiva en los test de alcoholemia.

Asimismo, a pesar de la labor de la Fiscalía y los jueces, la percepción de los españoles es que la justicia no es igual para todos. De hecho, el 83% cree que las sentencias contra los conductores famosos son más blandas de lo que deberían y un 19% exige más dureza con las celebrities que con el resto de ciudadanos, siempre con el objetivo de potenciar la ejemplaridad en la sociedad.

Fuente: www.confilegal.com

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Acoso laboral: cómo detectarlo y defenderse

Excelente artículo elaborado por la compañera Tania Pose, de la firma ABA Abogadas:

El acoso laboral, también conocido como mobbing, es definido por los tribunales como “toda situación o conducta que, por su reiteración en el tiempo, por su carácter degradante de las condiciones de trabajo y por la hostilidad o intimidación del ambiente laboral que genera, tiene por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del trabajador”.

Tania Pose, especialista en Derecho Laboral de ABA Abogadas, nos cuenta en su post qué hacer ante un caso de acoso laboral y cómo recopilar pruebas para presentar su denuncia.

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2014 ha marcado un antes y un después en lo que a la validez de las pruebas para acreditar la existencia del acoso laboral se refiere.

Dicha Sentencia ha otorgado validez a la utilización de las grabaciones magnetofónicas y de las conversaciones de whatsapp, al afirmar que las mismas no vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones, siempre y cuando dichas pruebas sean utilizadas únicamente por el trabajador acosado para defenderse en un procedimiento judicial.

Además de las grabaciones y de los whatsapp, el trabajador cuenta también con otros medios de prueba -que podríamos denominar como “clásicos”-, entre los que se encuentran: el interrogatorio de la persona acosadora, la declaración del trabajador acosado, la declaración de testigos, el informe pericial médico/psicológico en el que se delimite el diagnóstico clínico del trabajador acosado y la causa del mismo, las actas de la Inspección de Trabajo y los correos electrónicos.

Para leer más Capital Humano

Fuente: www.noticias.juridicas.com

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