Condenado a un año de prisión por tener contratados a cinco trabajadores en condiciones laborales precarias

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a un ciudadano de origen chino a la pena de un año de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Los magistrados le suspenden además de empleo o cargo público y le imponen una multa de seis meses con cuota diaria de un euro.

La Sala considera probado que el acusado contrató como albañiles a cinco hombres de origen chino y los sometió a un régimen de trabajo que suponía en la practica la privación de sus derechos laborales más elementales. Los perjudicados realizaban jornadas laborales a jornada completa siendo sus contratos de tiempo parcial y uno de ellos carecía de contrato de trabajo por encontrarse en situación irregular. Los trabajadores vivían, también, en las dependencias dentro de la obra donde comían y dormían en unos colchones tirados sobre el suelo en unas condiciones de falta de higiene y salubridad.

Con anterioridad, en marzo de 2016, el acusado había sido sancionado por los mismos hechos en vía administrativa por el Gobierno de Aragón con una multa de 48.576 euros y otra de la Subdelegación del Gobierno en Teruel de 10.308,90 euros. Pese a ello, la Audiencia Provincial de Teruel considera que aunque se haya declarado la responsabilidad en la Administración esto no impide la actuación de la jurisdicción penal. Para evitar una sobre punición de los hechos, los magistrados han tenido en consideración las sanciones previas impuestas por la Administración.

Fuente: www.poderjudicial.es

Anuncios
Minientrada | Publicado el por | Etiquetado , , , | Deja un comentario

Indemnizada por daños morales al ser incluida en un fichero de morosos

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de reclamación de deudas a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le reclamaba en relación a servicios de telefonía móvil, y con la que ella estaba en desacuerdo, ya que ello fue una vulneración de su derecho al honor.
El Supremo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso.

El tribunal estima el recurso de la mujer, exclienta de Vodafone, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que no consideró ilícita la inclusión de los datos personales en los registros de morosos. Así, repone la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lena, que sí apreció la vulneración del derecho al honor de la mujer por parte de Sierra Capital Management 2012 S.L., a quien Vodafone había cedido el crédito por el importe de la deuda que reclamaba a dicha persona.

La sentencia relata que la demandante firmó un contrato de telefonía con la empresa Vodafone en abril de 2011, y que desde el principio de su relación contractual se produjeron irregularidades en la facturación emitida por Vodafone, que la mujer comunicó a la operadora de telefonía, de modo que ésta fue emitiendo diversas facturas rectificativas en las que eliminaba cargos indebidos.
La cliente, no satisfecha con la actuación de Vodafone, se dio de baja en el servicio en agosto de 2012. Tras esta baja, la empresa le giró varias facturas, en las que se incluían cantidades correspondientes a penalizaciones. La demandante solo pagó parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

Vodafone cedió a Sierra Capital Management 2012 S.L. un crédito de 297,80 euros que afirmaba tener frente a la excliente. Sierra Capital remitió a ésta en julio de 2013 una carta en la que le comunicaba la cesión del crédito, le reclamaba el pago de 297,80 euros y le advertía que si no efectuaba el pago en el plazo de diez días incluiría sus datos en un registro de morosos. La mujer solo pagó la cantidad de 97,80 euros por no estar conforme con las penalizaciones que se le pretendían cobrar.

Sierra Capital comunicó los datos de la demandante a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en agosto de 2013, y Experian, en octubre de 2015, por una deuda de 200 euros. Estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades crediticias. En junio de 2015, la mujer solicitó una tarjeta de crédito en Banco Popular y le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos.

Deudas no pacíficas

En su sentencia, el Supremo aplica al caso su doctrina sobre la inclusión de datos personales en ficheros de morosos, y destaca que “no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la inclusión de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza”.

“Si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado. Puede que la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, agregan los magistrados.

Asimismo, el Supremo indica que la inclusión de los datos personales de la demandante en los registros de morosos, “cuando se habían producido reiteradas irregularidades en la facturación de sus servicios, que provocaron las protestas de la demandante y la emisión de facturas rectificativas, y, en definitiva, determinaron la disconformidad de la cliente con el servicio prestado y con las facturas emitidas, puede interpretarse como una presión ilegítima para que la demandante pagara una deuda que había cuestionado, sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada”

La Sala explica que la postura del cliente que no aprovecha la existencia de incorrecciones en la facturación para dejar de pagar cualquier cantidad, sino que paga aquellas partidas que considera correctas y no paga las que razonablemente considera que no lo son, “no puede perjudicarle y ser interpretada como un reconocimiento de la deuda. Por el contrario, constituye un indicio de la seriedad de su postura, puesto que no ha buscado la excusa de la incorrección de algunas partidas para dejar de pagar por completo los servicios que efectivamente ha utilizado”, indican.

El tribunal cree que tampoco puede servir de excusa a la empresa demandada el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente (Vodafone) le haya asegurado la veracidad del crédito. “Si ello fuera así, bastaría una cesión del crédito para que los derechos que para los particulares resultan del principio de calidad de los datos exigido por la normativa de protección de datos de carácter personal resultaran vacíos de contenido”, señala la sentencia, que agrega que las reclamaciones que Sierra Capital pueda realizar frente a Vodafone con base en sus relaciones internas derivadas de la cesión del crédito “constituyen una cuestión ajena a la acción ejercitada por la cliente frente a quien incluyó sus datos en los registros de morosos”.

Fuente: www.poderjudicial.es

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

Un juez de Teruel decreta prisión para un hombre por tres posibles delitos de violencia contra la mujer

El magistrado del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Teruel ha dictado auto de prisión provisional contra un hombre acusado por la presunta comisión de tres delitos de violencia sobre la mujer, dos de lesiones y otro de violencia física y psíquica habitual contra su pareja.

Los hechos ocurrieron el pasado día 2 de abril en el domicilio familiar, cuando al parecer, por una discusión por quién sacaba a pasear al perro, el hombre propinó un golpe a la mujer a consecuencia del cual, esta cayó por las escaleras. Según consta en el auto, ese mismo día volvió a golpearla, esta vez, por una discusión relativa al Facebook que ella utilizaba. Fruto de este último enfrentamiento, parece ser que el hombre acabó amenazándola con un cuchillo con intención de clavárselo.

A la luz de los hechos ocurridos, considera el juez que existe un manifiesto riesgo de fuga por parte del investigado y por ello y para proteger la integridad física y psíquica de la víctima así como para que el investigado no pueda actuar contra sus bienes jurídicos ha decretado prisión provisional y dictado una orden de alejamiento prohibiéndole acercarse a ella a menos de 200 metros y a todo tipo de comunicación por cualquier medio mientras duren las actuaciones.

Fuente: www.poderjudicial.es

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

El TS permite a los abogados aplicar reducciones fiscales a las rentas obtenidas en litigios de más de dos años

El Tribunal Supremo ha interpretado el artículo 32.1 de la Ley del IRPF en recurso de interés casacional para la formación de la jurisprudencia respondiendo a la cuestión suscitada en el auto de admisión, consistente en “precisar si los rendimientos netos de actividades económicas con un período de generación superior a dos años, y los calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, quedan exceptuados de la reducción contemplada en párrafo primero de dicho precepto legal cuando proceden de una actividad que de forma habitual genera ese tipo de rendimientos”.

En el caso del recurrente los ingresos controvertidos fueron obtenidos en el ejercicio de su profesión como abogado, por su actuación de defensa procesal en un proceso de quiebra, cuya duración se había extendido más de dos años, percibidos de una sola vez o en varias pero en el mismo ejercicio, resolviendo el Tribunal Supremo que ha dichas rentas si debe aplicarse la controvertida reducción de los rendimientos netos en el IRPF.

Pese a que tanto el TEAR de Madrid como la sentencia de instancia niegan la aplicación de la reducción, al mismo tiempo afirman que los rendimientos no han sido obtenidos de forma notoriamente irregular porque los honorarios percibidos responden a la realización de actuaciones aisladas en distintos años, cada una de ellas con autonomía propia, lo que determina que se entiendan devengadas de manera independiente, es decir, actuación por actuación, de manera que por cada una de ellas se produce la exigibilidad del impuesto. Afirman también que para determinar si estamos ante un supuesto al que se le aplica la excepción de la reducción, debe atenderse a la actividad que desarrolla el interesado, e incluso enfatizan que el ejercicio de la actividad de la abogacía da lugar a la existencia de rendimientos derivados de la asistencia jurídica en procedimientos judiciales que se alargan en el tiempo.

No comparte el Supremo esta consideración genérica a los ingresos obtenidos sin atender a las particulares características del sector o profesión de que se trate, y en forma contraria a la mantenía en la instancia, afirma, sobre la regularidad o habitualidad de los ingresos, que debe valorarse atendiendo de forma individualizada al profesional de cuya situación fiscal se trate y a los ingresos obtenidos individualmente en su impuesto personal, recayendo además la carga de la prueba para justificar y motivar las razones por las que se considera que la reducción debe excluirse sobre la Administración que la niega.

Siendo así, en el caso, no habiendo probado la Administración que los rendimientos procedentes del cobro de honorarios por un proceso de quiebra fueran regulares o habituales en el abogado recurrente, resultaba procedente la reducción de la base imponible en el IRPF, y por ende la devolución de los ingresos efectuados indebidamente.

Fuente: www.noticias.juridicas.com

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

¿Qué se entiende por «documentos esenciales» para impugnar la legalidad de la detención?

I.-Introducción

Primero, la STC de 30 de enero de 2017, y, recientemente, la STC de 5 de marzo de 2018, abordan el significado y alcance de la transposición de la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales que comportó la modificación del art. 520 de la LECr, merced a la L.O. 5/2015, de 27 de abril y, en concreto, el párrafo 2, d) del precitado artículo, regulando el “derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.”

En efecto, el reformado art. 118.1 b) 6, así como la nueva redacción del art. 520.2.d) LECr.7, incorporan lo establecido en los arts. 4.2 a) y 7 de la Directiva 48/13/UE, esto es, el acceso de la persona detenida o su abogado a las actuaciones en cualquier fase del proceso penal, antes del primer interrogatorio oficial por parte de la policía o de otra autoridad, por tratarse de una información necesaria para de esta forma puedan preparar su defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento, según se expresa en los Considerandos nº 27 y 28 de la citada Directiva. La nueva normativa no hace sino reconocer lo establecido en la jurisprudencia del TEDH.

II.-Significado y alcance.

La cuestión fundamental es determinar qué debe interpretarse por “actuaciones que sean esenciales” y el significado y alcance que debe darse a ese derecho, teniendo en cuenta el principio de primacía del derecho comunitario y el control de convencionalidad, habida cuenta la vigencia de una legislación supranacional de obligada observancia por los jueces y tribunales nacionales. Desde luego, la identificación de las actuaciones que sean esenciales para la impugnación de la legalidad de la medida privativa de libertad no es tarea sencilla, siendo la indeterminación del concepto utilizado relevante y sin duda plantea innumerables problemas aplicativos.

En efecto, la trasposición de ese derecho a nuestro texto normativo procesal penal suscita una preocupante diáspora de soluciones interpretativas con innegable afectación al derecho fundamental a la libertad, y muy significadamente, en los escenarios de concurrencia de secreto de las actuaciones y decisiones atinentes a la medida cautelar personal de prisión provisional.

Cabe preguntarse, ¿Qué documentos se podrán examinar de las actuaciones?, ¿Qué ha de entenderse por «documentos esenciales» para impugnar la legalidad de la detención?, ¿Quiere decir ello, que se hará entrega del atestado al detenido o a su abogado? Y qué debe entenderse por facilitar el pleno conocimiento del contenido de los elementos nucleares del núcleo irreductible del derecho de defensa.

A buen seguro que tales y otros muchos interrogantes continuarán planteando un semillero de conflictos entre el abogado que presta la asistencia y los miembros de la policía judicial en los centros de detención, ya que de acuerdo con la nueva normativa, se puede privar al Letrado de la entrevista reservada y del examen de las actuaciones, con argumentos tales como que, no se sabe si el juez declarará o no el secreto de las actuaciones o decretará la incomunicación del detenido, o incluso se podrá dar el caso de limitar directamente tales derechos por parte de la policía judicial, a tenor de lo establecido en el modificado art. 527.2 LECr., en espera a que el juez se pronuncie en el plazo de veinticuatro horas. En tal supuesto, el letrado podrá esperar a que se resuelva, pero se prolongará hasta entonces la detención, salvo que el abogado sea requerido ya casi cumplido el plazo máximo de las setenta y dos horas y no quepa ya la espera.

El propio art. 527.1 d) LECr., en su redacción dada por la LO 13/15, tiene en cuenta la distinción documental a la que tiene derecho a examinar el detenido y su abogado, pues reconoce que en caso de decretarse la incomunicación el detenido o preso podrá ser privado de su derecho a acceder él o su abogado a las actuaciones «salvo los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención», esto es, claramente la norma distingue entre las pruebas materiales de que disponga la autoridad competente, relativas a las actuaciones relativas a la supuesta infracción penal y, de otro la documentación relativa a impugnar la legalidad de la detención.

Por tanto, cabe entender que salvo declaración judicial del secreto de las actuaciones ,según nueva redacción del art. 302 LECr ,dada por la LO 5/15, el abogado que presta asistencia al detenido o preso, tendrá derecho de acceso al atestado, salvo en el supuestos del art. 527 LECr., ya mencionado.

Fuente: www.elderecho.com

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

El Tribunal Supremo se manifiesta sobre la capacidad de otorgar testamento por una persona que requiere intervención de un curador para realizar actos de disposición

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que puede otorgar testamento una persona que tiene limitada judicialmente su capacidad de obrar al precisar de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

La Sala entiende que puede otorgar testamento conforme a este precepto una persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición. Se basa, para ello, en el principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento y ha quedado reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que implica que no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.

Fuente: www.poderjudicial.es

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

La Audiencia de Alicante condena a 9 meses a un maltratador por agredir a su esposa y a su suegra

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a nueve meses de prisión a un hombre que agredió a su pareja, a la que empujó, tiró al suelo y amenazó de muerte colocándole unas tijeras en el cuello. Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2013 en el domicilio familiar, en presencia de la hija menor del matrimonio. El día anterior, el agresor había golpeado a su suegra, a la que fracturó dos dedos tras empujarla y golpearla con una valla de obra cuando intentó mediar entre la pareja durante una discusión.

El Juzgado de lo Penal número 4 condenó al hombre a seis meses de prisión por un delito de malos tratos. Además, le impuso una pena de 3 meses por lesiones. Apreció la agravante de parentesco para este último delito y la atenuantes de dilaciones indebidas y drogacción para ambos. Dio pleno crédito al testimonio de las víctima; dudó, sin embargo, del relato ofrecido por la hija y nieta de ambas, y acordó deducir testimonio, trámite equivalente a la presentación de una denuncia, por un posible delito de falso testimonio.

La sentencia de Penal 4 fue recurrida. El recurso ha sido desestimado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que ha confirmado la sentencia. “No apreciamos que la conclusión condenatoria resulte errónea o ilógica sino coherente con el resultado de la prueba practicada, por lo que procede la desestimación del recurso”, concluye el tribunal.

Fuente: www.poderjudicial.es

Minientrada | Publicado el por | Etiquetado , , | Deja un comentario