UNA NUEVA VICTORIA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El TSXG confirma la condena de cuatro años de prisión para un hombre que atacó con un cuchillo a su pareja-.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a cuatro años y cuatro meses de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco, a un hombre que atacó con un cuchillo a su compañera sentimental.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia consideró probado que el procesado había agredido a su pareja cuando ambos se encontraban en el domicilio de una persona mayor que cuidaba la mujer, después de que él se pusiese “nervioso y celoso” cuando la víctima recibió unos mensajes en su teléfono móvil.

El TSXG desestima el recurso de apelación interpuesto por el condenado y concluye que “de ninguna de las maneras” se puede atender al alegato del recurrente, que adujo que fue la propia víctima quien se clavó “un cuchillo accidentalmente sin que concurriera ánimo alguno de lesionar”.

Fuente: www.poderjudicial.es

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Análisis penal y procesal del fénomeno de las Instamamis

La trascendencia adquirida por el fenómeno de las Instamamis y el compromiso que entraña para los derechos de los menores, en particular para su intimidad, reclama un primer estudio desde la perspectiva jurídico penal y procesal que resuelva si es preciso recurrir al Ius Puniendi para reaccionar frente a él y, en caso afirmativo, si nuestro sistema punitivo dispone de los resortes adecuado a tal fin. A tal problemática dedicamos estas líneas.

Un interesante estudio que, por supuesto, también se puede aplicar a los “instapapis”.

Aconsejamos dedicar diez minutos a su lectura: AQUÍ.

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La juez de cláusulas suelo de Córdoba estima la nulidad de gastos hipotecarios, interés de demora y vencimiento anticipado en las primeras once sentencias notificadas

La juez de Primera Instancia nº 9 bis, especializada en cláusulas suelo, ha notificado hoy las Jdo Primera Instancia Córdoba 27 nov 2017 de los casos que han sido ya enjuiciados, en las que se estima la nulidad de gastos hipotecarios, el vencimiento anticipado y el interés de la demanda -cuando supere dos veces el interés del dinero-.

En materia de gastos, los bancos tendrán que restituir las cantidades aportadas, excepto el importe de la transmisión patrimonial que lo sigue pagando el cliente.

La juez no condena en costas a los bancos en ocho de estas sentencias, mientras que en tres de ellas -por allanamiento- sí que se condena en costas.

Antes de que finalice el año, alrededor de otras 30 sentencias sobre clausulas suelo estarán también notificadas.

Fuente: www.poderjudicial.es

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El paro de la zona euro baja al 8,8% en octubre e iguala mínimos de enero de 2009

España registra la segunda mayor tasa de paro de la Unión Europea.

Más información: AQUÍ

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El “burn out” como accidente de trabajo

Una trabajadora, con el cargo de directora de fábrica, acumula diversas bajas médicas por estrés en los años 2000 y 2006, debido a la gran cantidad de trabajo asignado. Posteriormente, solicita la declaración de que los procesos de incapacidad temporal iniciados en 2010 y 2011, así como la prestación de incapacidad permanente total posteriormente reconocida, derivan de enfermedad profesional o, subsidiariamente, de accidente de trabajo.

La sentencia de 1 de junio del TSJ de Andalucía ( EDJ 161920) considera que la trayectoria de la trabajadora, con una situación permanente de autoexigencia y responsabilidad aprovechados por la empresa para mantener una adecuada gestión de sus servicios, conduce a una situación como la denominada “burn out”- síndrome de agotamiento físico y mental intenso, resultado de un estado de estrés laboral crónico o frustración prolongado-.

Por ello, concluye que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 24-6-2010 al que se acumuló el de 15-3-2011 y la situación de incapacidad permanente total reconocida deben considerarse derivadas de contingencia profesional. No de enfermedad profesional, dado que no se encuentra la enfermedad listada en el RD 1995/1978 de 12 de mayo (art. 116 LGSS Texto de 1994), pero sí accidente de trabajo de conformidad con la previsión contenida en el art. 115.2 e) LGSS.

El burn-out y el derecho a la desconexión

Es indudable que el uso de las nuevas tecnologías, unido a la creciente competencia y especialización, provoca un incremento del nivel de estrés de los trabajadores. En este sentido, se ha abierto el debate en nuestro país sobre el derecho a la desconexión, materia que ya ha sido regulada en la legislación francesa, siendo uno de sus principales objetivos, atajar el estrés laboral crónico»- y que afecta ya al 12% de los trabajadores franceses- .

En concreto, las empresas se preocupan porque la carga de trabajo esté bien medida para evitar el efecto “burn out”, que trae una consiguiente pérdida de talento e incremento del absentismo”.

Para Elisa Caldeiro, socia del departamento laboral de Garrigues, “el derecho a la desconexión, además de ser una posibilidad más o menos factible en función de multitud de factores (tipo de actividad, contacto con el cliente, responsabilidad del cargo, etc.), es una cuestión que difícilmente puede imponerse, dado que hay trabajadores que ven en las herramientas de trabajo a distancia una manera de conciliar más fácilmente su vida personal y laboral, y no como un elemento estresor más”.

Fuente: www.elderecho.com

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Control del trabajador por medio del GPS

Un empleado, que trabajaba como comercial, es despedido al haber incumplido en reiteradas ocasiones sus obligaciones, entre ellas, su jornada laboral. Hecho comprobado como consecuencia de la información controlada y emitida por el GPS de la tablet del trabajador.

El TSJ de Asturias califica el despido disciplinario de procedente. Considera que la información recabada para acreditar los incumplimientos​ del trabajador, en este caso, mediante la instalación de un GPS en el vehículo de la empresa para controlar el cumplimiento de la jornada laboral, es una prueba lícita y no vulnera su derecho a la intimidad.

En este sentido, la empresa puede instalar un GPS en el vehículo de la empresa para controlar el cumplimiento de la jornada laboral, y utilizarlo para justificar un despido, si ha comunicado al trabajador su instalación y los fines para los que lo implanta. En caso contrari​o, los datos obtenidos no se pueden aportar como prueba para acreditar un despido disciplinario.

Esta sentencia está en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que acepta el uso de las grabaciones de cámaras de videovigilancia como prueba en un juicio para justificar un despido al entender que estas imágenes no violan la protección de datos si el trabajador conoce la existencia de dicho dispositivo.

Nota

En conclusión, si una empresa quiere instalar una medida de vigilancia para controlar a sus trabajadores y quiere usar esta prueba para justificar un despido disciplinario, debe seguir los siguientes pasos:

1.- Informar a la plantilla de forma clara e inequívoca sobre qué tipo de medida va a instalar y para qué. Por ejemplo: si va a instalar el GPS en los vehículos de empresa, indique que su objetivo es verificar si los trabajadores cumplen con su jornada laboral y asegurarse de que la información extraída del GPS coincide con los partes de trabajo.

2.- Realizar el control exclusivamente durante la jornada laboral de los trabajadores, en el supuesto de que sus empleados también utilizan el coche para fines particulares. Si el GPS no puede programarse de forma automática, indique a los afectados que lo desconecten cuando no se encuentren de servicio.

Fuente: www.elderecho.com

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El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa por falta de transparencia

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La Sala estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros.

En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

Fuente: www.poderjudicial.es

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