El Congreso da el primer paso para regular el registro de horas de entrada y salida de los trabajadores

La iniciativa legislativa será remitida a comisión para debatir y votar las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios. El dictamen de la Comisión será remitido al Senado para continuar su tramitación

El grupo proponente, que ha sido el grupo Socialista, denuncia que la desregulación y la falta de control en el tiempo de trabajo provocan jornadas fuera de lo pactado, donde la extralimitación del horario establecido se convierte en regla general y el empleo a tiempo parcial, por mandato legal, se transforma en un tiempo completo. 

Asimismo, sostiene que estas prácticas inciden en la precarización del mercado laboral, ya que afectan al tiempo de trabajo y al salario, con una “relevante influencia” en la vida personal y emocional de los empleados, al dificultar la conciliación familiar. 

Además, la medida recoge que este exceso de tiempo de trabajo realizado y no pagado repercute en las arcas del Sistema de la Seguridad Social, puesto que se reduce la cotización, al no ingresarse las cuantías correspondientes a las horas realmente realizadas, según fuentes parlamentarias.

Para evitar estas situaciones, el grupo proponente pretende que el Estatuto de los Trabajadores reconozca el derecho de los empleados “a la distribución regular de su jornada”

Asimismo, quieren incluir la obligatoriedad por parte de las empresas de conservar los registros de jornada durante cuatro años, a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La organización de este registro y el acceso al mismo se realizaría según lo establezcan los convenios colectivos de aplicación.

La iniciativa pretende también corregir las contradicciones generadas por una sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a Bankia de controlar el horario de sus trabajadores.

Fuente: www.elderecho.com

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DELITO POR IMPAGO DE PENSIONES DE ALIMENTOS

Crece el número de denuncias por impago de pensiones de alimentos

La grave crisis econónomica ha supuesto un considerable incremento de las denuncias por delito de impago de pensiones de alimentos impuestas por resolución judicial en procedimientos de divorcio contencioso o de mutuo acuerdo y otros relativos al establecimiento de pensiones alimenticias.

Más información en www.elderecho.com.

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Confirmada la condena a un hombre cuya pareja se arrojó por la ventana tras ser agredida sexualmente

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid ha confirmado en su integridad la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid por los delitos de agresión sexual y lesiones contra M.V.M., condenado a siete años de cárcel.

La Sala desestima las alegaciones presentadas por la defensa y sostiene que quedan probadas tanto la violación de L. H. P. como la responsabilidad criminal de M. en las heridas que la víctima se produjo al arrojarse por la ventana del primer piso donde estaba siendo forzada para huir de la agresión. En contra del parecer de la defensa del condenado, los magistrados estiman que en este caso se cumplen todos los requisitos de la imputación objetiva.

“La causalidad natural (de los hechos) –dice la sentencia-, no ofrece la menor duda: de acuerdo con la fórmula de la teoría de la condición, si el acusado no hubiera agredido sexualmente a Liliana y le hubiera permitido marcharse de la vivienda cuando la misma quería, ésta no se hubiera tirado por la ventana y no hubiera sufrido las graves lesiones que padeció”. “El resultado producido –aclara la sentencia-, es concreción de la acción ejecutada por el acusado, quedando perfectamente establecida la relación causal, ya que no podemos hablar de una exagerada autoprotección por parte de la víctima como actuación imprevisible que diera lugar a la ruptura del nexo causal. El riesgo creado por el acusado con su acción es el que decididamente ha determinado la producción de las lesiones de la víctima”.

Fuente: www.poderjudicial.es

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OJOS QUE NO QUIEREN VER

Save the Children pide una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia.

Save the Children presentaba este miércoles su nuevo informe “Ojos que no quieren ver”, donde ha analizado los abusos sexuales a menores a través de más de 200 sentencias judiciales. El informe insiste en que no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos, por ello una estrategia integral que incluya una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia.

Que haya niños sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya niños que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidos se debe a una serie de fallos y debilidades en la respuesta de las administraciones públicas tanto en la prevención, detección, el proceso judicial como en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas.

 
 

Las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 3.502 en 2015 a 4.056 en 2016, según el Anuario del Ministerio del Interior, pero, aunque los datos oficiales aumentan cada año, la mayoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. Tan solo un 15% de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal el 70% nunca llega a juicio oral.

Fuente: www.confilegal.com

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EMBARAZO Y DESPIDO COLECTIVO

Según la Abogada del TJUE, un despido colectivo no siempre permite extinguir el contrato de una mujer embarazada.

Más información: AQUÍ.

Fdo.- Enrique Martínez/David Rosendo

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PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

Para evitar que condenen a tu Empresa con multas e inhabilitaciones, tal y como ha sucedido en el  caso que se relata en esta noticia, asesórate e implementa de manera adecuada un plan de prevención de riesgos penales o “compliance penal”. Esta nueva herramienta preventiva nace con el fin de mitigar o evitar la comisión de ilícitos penales, así como prestar ayuda para minimizar la Responsabilidad Penal, garantizando las exigencias de las Empresas.

Para más información, podrás solicitar información sobre asesoría en  prevención de riesgos penales a nuestro experto en la materia, D. David Rosendo Ferro.

Fdo.- M&R GABINETE JURÍDICO

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NULIDAD DE LA CLÁUSULA HIPOTECARIA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid, encargado en exclusiva de las demandas por ‘cláusulas abusivas’ en la región, ha dictado la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y declara la nulidad, y por tanto su total expulsión del contrato, de la cláusula relativa al vencimiento anticipado, en virtud de la cual la entidad financiera podía dar por vencido el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes ante cualquier tipo de incumplimiento de los prestatarios, por ínfimo o esencial que fuera el incumplimiento.

En la misma línea, también ha declarado la nulidad relativa a los intereses de demora, al considerar que eran abusivos, pues contemplaban un interés de demora superior en cuatro puntos porcentuales al interés remuneratorio.

Esta declaración de nulidad se ha efectuado teniendo en cuenta no sólo parámetros legales –como el previsto en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria-, sino también jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Además, y en relación a la cláusula que imponía los gastos de hipoteca a cargo de los prestatarios, ha declarado nulas las que obligaban a los prestatarios a hacerse cargo de los aranceles de notario y registro. En la sentencia, el juzgado argumenta que es la entidad demandada (Bankia S.A.) quien está obligada al pago de los mismos pues es quien ostenta un interés en la constitución de la garantía real de la hipoteca, mientras que el prestatario únicamente está interesado en la obtención de un préstamo.

La constitución de garantía real , sólo beneficia a la entidad bancaria, pues es ella la que obtiene un título ejecutivo para acudir al procedimiento de ejecución especial y un crédito preferente en caso de que los prestatarios incurran en concurso de acreedores, ya que el crédito garantizado con hipoteca ostenta un privilegio especial para su cobro al ser ejecutivo. El prestatario, concluye la sentencia, tiene interés en la obtención de un préstamo -que no requeriría escritura pública-, y no en la constitución de una garantía real hipotecaria.

Por último, en la sentencia no se considera que sea nulo el inciso de la cláusula que impone a los prestatarios el pago de los tributos que se deriven del préstamo hipotecario, en consonancia con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y la normativa legal y reglamentaria, que obliga al pago de dichas cantidades a éstos.

Fuente: www.poderjudicial.es

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