Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora que los demandó por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación al percibir una retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y condenó a la empresa a abonar la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes).

Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros”.

Fuente: www.poderjudicial.es

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Absuelto un joven acusado de enaltecimiento del terrorismo por difundir mensajes a través de Twitter

La Audiencia Nacional ha absuelto a un joven de 24 años que fue juzgado por la publicación de varios mensajes en Twitter que para la Fiscalía eran constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo, por el que pedía una condena de dos años de cárcel o, alternativamente, 1 año y 4 meses de prisión por un delito de odio.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal José Ricardo de Prada y Julio de Diego –con el voto en contra de Juan Pablo González, partidario de la condena- analizan la treintena de mensajes publicados por el acusado Luis S.S. en su perfil de Twitter entre 2012 y 2013 y otros tres entre 2015 y 2016, ninguno de los cuales recibió muestras de adhesión por parte de sus 250 seguidores, según consta en los contadores de ”retuiteos”, “me gusta” o “respuestas” obtenidas.

A juicio de la Sala, los tuits no tenían otra finalidad distinta que la de dar rienda suelta por parte del acusado, de forma airada y exagerada, a su protesta y disconformidad con la sociedad en la que vive, sin que las expresiones impliquen un discurso de incitación al odio, a la violencia o al terrorismo, ni que tales expresiones sueltas hayan supuesto algún riesgo o incremento del riesgo de la comisión de posibles delitos.

Tras examinar la jurisprudencia en la materia y con una interpretación contextualizada del conjunto de tuits de la primera época, entre 2012 y 2013, publicados cuando el acusado tenía entre 18 y 19 años -los publicados en 2015 y 2016 resultan “irrelevantes”- permiten corroborar, dicen los jueces, la impresión del carácter objetivamente no enaltecedor del terrorismo de los tuits en cuestión, además de que ello quedaba claramente fuera de la intención de aquel, tal y como declaró el propio acusado en la vista.

Igualmente rechazan que conformen ni se integren en el discurso del odio puesto que las expresiones, “más allá de enunciar planteamientos tocados de cierta, torpe y agresiva radicalidad política antiautoritaria, carecen de cualquier densidad, consistencia o hilazón y no implican la elaboración de un verdadero discurso tendente a ninguna finalidad, sino de mera protesta abrupta a modo de grito que se engancha en los aconteceres de la realidad y que focaliza en determinadas instituciones”. Pero ello no significa que pueda hablarse, de ninguna manera, añaden, “de incitación al odio, a la violencia o al terrorismo, ni como discurso, ni por medio de ninguna de las expresiones o mensajes individualmente considerada sueltas; sin que impliquen en absoluto un riesgo o un incremento de él, si quiera genérico, de comisión de posibles delitos y menos de carácter terrorista”.

“Las expresiones realizadas por el acusado en la primera época en la red social Twitter difícilmente pueden considerarse como socialmente admisibles ni tolerables, surgiendo dudas sobre si estarían amparadas por una visión razonable de la libertad de expresión, que es la tesis que mantiene el Ministerio Fiscal”, argumentan los jueces. Sin embargo, explican, a juicio de la Sala no integran un discurso que propale la violencia ni promueva el odio y menos en relación con determinados colectivos perseguidos o vulnerables ni tampoco el terrorismo, sin que por ello puedan ser susceptibles de una sanción penal. Tampoco en el caso del delito de odio propuesto como alternativa por el Ministerio Fiscal.

En su voto particular, el magistrado Juan Pablo González entiende que el acusado debió ser condenado como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del Código Penal puesto que el contenido de los tuits constituye una manifestación del discurso del odio, encierran una evidente carga de justificación de las organizaciones terroristas y de sus métodos y una grave incitación a la violencia y al terrorismo, con riesgo de lesión y bienes.

En opinión de este juez, la pluralidad de los mensajes, el largo periodo durante el que fueron emitidos, la palmaria manifestación de odio ideológico hacia determinados colectivos, en especial hacia policías y banqueros, o la justificación de los métodos terroristas “va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, o expresión de vínculos ideológicos y, sin lugar a dudas, comporta una justificación de los medios violentos y una invitación a la utilización de métodos terroristas, presentando el terrorismo como merecedor de elogio, y el asesinato de policías y banqueros como algo necesario”.

Fuente: www.poderjudicial.es

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Condenado un hospital de Vigo a indemnizar a un hombre con 60.000 euros por daño moral tras diagnosticarle por error VIH y hepatitis

El Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha condenado al hospital Povisa a indemnizar con 60.000 euros por daño moral a un hombre que fue diagnosticado por error como portador del VIH y hepatitis, situación que se prolongó durante quince años.

Se indica en la sentencia que como consecuencia de tener conocimiento de este diagnóstico, el hombre fue repudiado por su familia y además, “recayó en el consumo de sustancias estupefacientes; lo cual, unido a lo que él creía una corta esperanza de vida, hizo que comenzase una espiral delictiva quo le llevó a ingresar en prisión en el año 2002”.

Afirma el magistrado que “se trata de un caso particular de exclusión social, caracterizado por dificultad en la continuidad laboral, ausencia o insuficiencia de apoyos familiares o comunitarios, marginación social y, desde luego, falta de sensibilización de la población en general frente a la problemática relacionada con el VIH o la hepatitis asociada al virus”.

Fuente: www.poderjudicial.es

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Condenada a seis meses de prisión la dueña de un taller de calzado de Novelda (Alicante) por tener ocho trabajadores sin contrato

La Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis meses de prisión y a una multa de 1.080 euros a la gerente de un taller de calzado de Novelda, Alicante, por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La sentencia, dictada tras una conformidad entre la defensa de la acusada y el Ministerio Fiscal, considera probado que la responsable del establecimiento mantuvo a ocho trabajadores sin contrato laboral y sin estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en diferentes periodos de los años 2011 a 2014. Una empleada llegó a estar trabajando hasta tres años en esta situación.

En su resolución, la Sala acuerda la suspensión del ingreso en prisión de la condenada con la condición de que la mujer no vuelva a delinquir en los próximos dos años.

Fuente: www.poderjudicial.es

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Un juzgado de Las Palmas condena a tres menores a trabajar para la ONG a la que robaron

El Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas ha impuesto una medida de 55 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad a tres menores que en junio de 2017 asaltaron el colegio donde ensayaban los niños del proyecto Barrio Orquestados. Los niños, juzgados y sentenciados este mismo lunes 12 de marzo, robaron e inutilizaron instrumentos musicales por valor de más de 2.100 euros.

Las medidas impuestas por la autoridad judicial se concretan en la asistencia y ayuda en las clases de Barrios Orquestados, “limpiando instrumentos, participando y colaborando con las distintas tareas que les asignen los profesores en ensayos y actuaciones que lleven a cabo”.

La sentencia dictada por la magistrada Reyes Martell tras el juicio de conformidad celebrado ayer declara probado que los tres menores isleños, de entre 14 y 15 años cuando sucedieron los hechos, asaltaron el 2 de junio de 2017 junto a otros niños inimputables -menores de 14 años- el colegio Los Alisios del paseo de San José, en la capital grancanaria.

Tras acceder al interior del centro, rompiendo puertas y ventanas, se apoderaron, entre otras cosas, de instrumentos musicales por valor de 2.190 euros, propiedad del proyecto Barrios Orquestados.

Según detalla el fallo, Barrios Orquestados es un proyecto que parte de una idea concebida hace años por el músico y profesor de magisterio musical José Brito. “Es un sistema pedagógico y de acceso a la cultura en los barrios más deprimidos de Las Palmas de Gran Canaria”, explica. “Es gratuito, los niños no tienen que comprar el instrumento y no hay que tener conocimientos previos de música”, enumera.

Subraya la juez que la organización es “independiente de las administraciones públicas”, y que “la única inversión que tienen que hacer las familias de los niños que se benefician es el compromiso y el cariño; no se pide más”.

Durante el juicio de ayer, los responsables del proyecto pedagógico no sólo renunciaron expresamente a reclamar a los condenados daños y perjuicios por el robo de los instrumentos -que se recuperaron, pero “inservibles para su reutilización”- sino que aceptó de buena gana que los menores fueran condenados a trabajar para la organización a la que habían perjudicado.

Con esta medida, dice el fallo, los menores a los que se ha impuesto la medida -en esta jurisdicción se evita el término condena- “deberán aprender el daño que han causado a otros niños que, como ellos, se vieron durante un tiempo privados de poder tocar sus instrumentos, y disfrutar haciéndolo y aprendiendo”.

La magistrada Reyes Martell insta a los niños a “interiorizar” la labor encomendada, y les invita a que su actividad con Barrios Orquestados “les sirva también como instrumento, pues el instrumento que mejor están aprendiendo a tocar los niños de Barrios Orquestados es el del cambio, y (los condenados) lo deberán aprender también”.

Al tratarse de una conformidad, la sentencia es firme a todos los efectos.

Fuente: www.poderjudicial.es

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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

VA POR VOSOTRAS!!

davila

davila-1

Gracias Davila.

Fuente de donde se han obtenido las viñetas: www.farodevigo.es

 

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Condenado un empresario de la construcción por tener a 19 trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social

La Audiencia Provincial de Cáceres, en sentencia de conformidad, ha condenado a un empresario a la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio así como a multa del doble de la deuda, un total de 831.265 euros, con responsabilidad subsidiaria, pérdida de subvenciones o ayudas públicas durante 4 años y seis meses y costas.

Había constituido una sociedad en 2005 y llegó a tener un total de 19 trabajadores distintos sin abonar los correspondientes seguros sociales, abonando los sueldos en metálico, sin nóminas y sin los descuentos legales.

Fuente: www.poderjudicial.es

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