El juez confirma una sanción a Correos por no darle crema solar a los carteros

Jdo Social Las Palmas 22 febrero 2018

La autoridad judicial ha confirmado parcialmente la sanción impuesta por la inspección de trabajo autonómica a Correos por no suministrar crema de protección frente al sol a los carteros en Canarias.

El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos contra la sanción de 8.196 euros que le impuso la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y vivienda del Gobierno de Canarias en noviembre de 2016 por no incluir en la evaluación de riesgos laborales el asociado a la exposición a las radiaciones solares de los carteros con vehículo y de “a pie”.

La autoridad judicial confirma la sanción al considerar tal omisión una falta “grave”, pero reduce la cuantía de la multa a 5.120 euros.

Según recapitula el fallo, la inspección autonómica sancionó a Correos tras confirmar en dos inspecciones de trabajo en septiembre de 2015 y enero de 2016 que en la evaluación de riesgos laborales no se contemplaba el de la exposición a radiaciones solares de los funcionarios que trabajaban en la calle.

Correos acudió a la jurisdicción laboral contra la decisión de la Administración autonómica, y entre otras cuestiones alegó que ya entregaba a sus empleados ropa de trabajo para la época de verano y “gorras”.

Por su parte, la Inspección autonómica replicó que el artículo 6 del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, establece en la llamada “lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual” los protectores de la piel, cremas de protección y pomadas”.

A la vista de dicha regulación, enfatiza el magistrado Ramón Toubes, “debemos coincidir con la Inspección en que el riesgo a la radiación solar ha de ser tenido en cuenta en la evaluación de riesgos, no alcanzando a entenderse las resistencias de la entidad actora”.

La sentencia es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Fuente: www.poderjudicial.es

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El TSJ de Navarra abre la vía a anular todas las liquidaciones impugnadas de las plusvalías municipales

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) considera que todas las liquidaciones que ya han sido impugnadas —o que estén en el plazo de serlo— del impuesto que grava las plusvalías con la anterior legislación, que fue declarada inconstitucional, son nulas al haber quedado “huérfanas de de amparo legal”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN recuerda en esta sentencia firme, que resuelve el primer recurso de casación autonómico, que a la vista de la resolución del Tribunal Constitucional indicada, no cabe una interpretación de la misma conforme a la cual pueda y deba analizarse en cada caso concreto por los órganos judiciales en vía de recurso si ha existido o no un incremento de valor.

Dicho de otro modo, del tenor de la sentencia del Constitucional, el tribunal navarro se pregunta si se puede colegir que el contribuyente pueda alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos transmitidos. “La respuesta ha de ser negativa, y es que no cabe dicha conclusión a la vista de la lectura, no solo del fallo, sino de su debida ‘integración’ con el contenido íntegro de la sentencia”, sostiene.

La liquidación girada en aplicación de los preceptos expulsados del ordenamiento jurídico, prosigue el Tribunal, “no puede ser reexaminada a la vista del resultado de prueba alguna (singularmente la pericial) para la que se carece de parámetro legal, pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el TC ha rechazado en aquella sentencia.

Ante la inexistencia de dicho régimen legal, establecen los magistrados, no es posible no solo determinar si existe o no hecho imponible, sino ni siquiera cuantificar la base imponible.

Según la Sala, es al legislador, en su libertad de configuración normativa y a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional, a quien le corresponde determinar los supuestos de eventual incremento o decremento y su constitucional cuantificación, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (y en general situaciones inexpresivas de capacidad económica).

Por lo tanto, concluye la Sala, la expulsión del ordenamiento jurídico de los preceptos que en orden a la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica obliga a este Tribunal a estimar el recurso de casación autonómico, al ser procedente la nulidad de las liquidaciones impugnadas que han quedado huérfanas de amparo legal.

Fuente: www.noticias.juridicas.com

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VARAPALO DEL TRIBUNAL SUPREMO PARA LOS CONSUMIDORES: EL CONSUMIDOR PAGARÁ EL IMPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN DE LAS HIPOTECAS

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado este miércoles dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto tribunal discutía únicamente lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

La nota informativa facilitada por la Sala Primera señala lo siguiente:

“El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

Fuente: www.poderjudicial.es

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Es nulo por discriminatorio el despido de una trabajadora víctima de violencia de género

Como consecuencia de una situación problemática con su anterior pareja, la trabajadora tiene que ausentarse de su puesto de trabajo en varias ocasiones para acudir al juzgado. Esta situación era conocida por la empresa, a la que se comunica la sentencia por la que se reconoce a la trabajadora la condición de víctima de violencia de género. Días después, la empresa comunica a la trabajadora su despido por disminución en el rendimiento.

Frente a esta situación la trabajadora presenta demanda que conoce el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid

No resulta aplicable al caso la nuli​dad objetiva del despido por el ejercicio de los derechos asociados al reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género (ET art. 55.5.b), pues la trabajadora no llegó a utilizarlos​. La cuestión que se plantea es si la decisión extintiva empresarial constituye una conducta directamente discriminatoria por razón de sexo.

Para el Juzgado de lo Social de Madrid, la carta de despido es una “carta vacía” en la que no figura ningún hecho sino que únicamente transcribe el incumplimiento contractual imputado (el bajo rendimiento). Esto contraviene lo previsto por el ET art.55.1 p​uesto que coloca a la trabajadora en indefensión al no poder defenderse de los hechos imputados en el acto del juicio. Esto unido a que el empresario no ha aportado argumentación que justifique el despido, hace sospechar que la decisión empresarial constituye una reacción frente a la suposición de que la situación personal de la trabajadora podría afectar a su futuro rendimiento en el trabajo, ocasionaría ausencias y podría dar lugar a que la trabajadora reclamase alguna de las medidas diseñadas para las mujeres víctimas de violencia de género (reducción de jornada, movilidad geográfica, reordenación del tiempo de trabajo, suspensión del contrato….).

La ausencia de argumentos razonables para adoptar el despido llevan al Juzgado a concluir que constituye una discriminación por razón de sexo y, por ello, un atentado a los derechos fundamentales (LRJS art.181.2). Solo las mujeres pueden ser objeto de este tipo de violencia, de manera que la discriminación se produce porque se trata desfavorablemente a quien presenta una seña identitaria propia indisolublemente unida a su condición de mujer.

Por ello, el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid declara nulo el despido por vulneración del derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo y condena al empresario a reincorporarla a su puesto de trabajo y a abonarle los salarios de tramitación. El Juzgado condena además a la empresa al abono de una indemnización de 20.000 euros por daños morales y de 2.722,50 euros por daños materiales.

Fuente: www.elderecho.com

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Que la tierra te sea leve, maestro.

viñeta FOrges

In memoriam Antonio Fraguas, FORGES.

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¿Es viable la custodia compartida si los padres viven en ciudades diferentes?

En un proceso de divorcio de una pareja, él residente en el País Vasco con un hijo de corta edad, la madre solicita en su demanda la guarda y custodia del menor. El padre pide la guarda y custodia compartida. Después de adoptarse medidas provisionales, en el que las partes acordaron el sistema compartido, con alternancia cada quince días,  la madre retorna a su lugar de origen, Andalucía.

El Juzgado de Primera Instancia mantiene la guarda y custodia compartida establecida en medidas provisionales, si bien con alternancia cada tres semanas, como había interesado el padre. La sentencia apreció la idoneidad de ambos progenitores para ejercer la guarda y custodia y los apoyos familiares con los que cuentan uno y otro. Ve viable la decisión adoptada, en base a la posibilidad que ofrece el hecho de que aun el menor no está en edad escolar, y en la capacidad que tienen los niños a esas edades para adaptarse a las circunstancias. Evita así relegar a un papel segundario a uno de los progenitores, como sucedería en caso de establecerse una guarda y custodia exclusiva.

La AP, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la madre, confirmó la sentencia de primera instancia. Valoró los informes del pediatra, y del equipo psicosocial, que propusieron la solución adoptada por la sentencia de primera instancia. Destacó también que los progenitores acordaran de mutuo acuerdo, en medidas provisionales, la guarda y custodia compartida.

Interpone la madre recurso de casación, entendiendo que no se ha respetado el interés del menor, en relación con la distancia entre los domicilios de los progenitores, que considera incompatible con la custodia compartida. Apoya el recurso el Ministerio Fiscal, para quien no procede someter al menor a dos colegios distintos, dos atenciones sanitarias diferentes, y desplazamientos de 1.000 km cada tres semanas.

El Tribunal Supremo estima el recurso (sentencia de 10-01-18 EDJ 734), recordando su jurisprudencia según la cual la distancia no solo dificulta sino que hace inviable la adopción del sistema de custodia compartida, operando en contra de su interés, al someter al menor a una existencia nómada, desprovista de un marco estable de referencia (TS 19-10-17, EDJ 215268). A la luz del informe psicosocial establece la guarda y custodia exclusiva a favor de la madre, en base a los elementos de juicio ofrecidos, que le atribuyen mayores habilidades de planificación, tolerancia a la frustración y un carácter más abierto y flexible que el padre. En cuando al sistema de visitas, alimentos y medidas derivadas, remite al juzgado de instancia para que las concrete en trámite de ejecución de sentencia.

Fuente: www.elderecho.com

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¿Qué requisitos son precisos que un testador deba hacer constar en un testamento para desheredar a sus hijos?

Se analiza por cinco Juristas.

La situación por la que están atravesando muchos progenitores al comprobar la conducta de sus descendientes está llevando a la Jurisprudencia a fijar una serie de criterios para que los testadores puedan desheredar a sus hijos, al punto de que el Tribunal Supremo ha incluido el maltrato psicológico como causa de desheredación. Existen conductas de hijos durante la convivencia, o sin ella, que está llevando a sus padres a acudir a una notaría para realizar una desheredación notarial. Sin embargo, nos planteamos qué presupuestos de forma es preciso que concurran para que sea válida una desheredación notarial y si es preciso especificar con claridad y nitidez la causa y fijar en el documento notarial los hechos de la desheredación al objeto de que en el caso de impugnación posterior por uno de los desheredados se pudieran conocer las razones del testador. Incluso, se están dando casos de desheredaciones de padres por haber sido dejados en centros de tercera edad sin acudir a visitarles. ¿Sería esto una causa de desheredación?

Más información: AQUÍ

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